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PANORAMA | A PESAR DE LAS NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO, CONTINÚAN LAS PROTESTAS Y TOMAS DE CENTROS EDUCATIVOS

Cuatro meses de defensa de la educación

 

La lucha de los estudiantes por una educación pública, gratuita y de calidad ha incendiado Chile y ha activado la resistencia al modelo neoliberal.

NATALIA CATALINA SÁNCHEZ MELLA / VALPARAÍSO (CHILE)

Van a cumplirse los primeros cuatro meses de las movilizaciones estudiantiles en Chile. Una educación pública, gratuita, equitativa y de calidad es la consigna que ha empujado a los estudiantes a tomar sus colegios y universidades durante este tiempo y a sacar a cientos de miles de personas a las calles en cada manifestación.

El país del cono sur posee los más altos índices de desigualdad en la distribución de la riqueza y su sistema educativo es de los más privatizados del mundo.

El año 2011 será recordado en Chi – le como el año del estallido social, porque la movilización estudiantil que han levantado los jóvenes de todo el país se ha convertido en una demanda social. El ingenio, la creatividad y la fuerte convicción de los estudiantes de que este año no aceptarán migajas y llegarán movilizados hasta las últimas consecuencias tiene al país sumido en el debate.

Estudiantes menores de edad en huelga de hambre desde hace más de dos meses, manifestaciones familiares con un millón de personas –en un país con 17 millones de población–, cacerolazos masivos y marchas que suman cientos de miles de personas entre todas las ciudades.

También hazañas como caminar desde Santiago al Congreso en Val – paraíso –120 kilómetros– o correr 1.800 horas alrededor del Palacio de la Moneda –cifra que representa la cantidad de millones de dólares que hacen falta para financiar un año de educación gratuita–, intervenciones urbanas de música y danza, así como cortes de calle y barricadas han sido la tónica en esta movilización.

La negociación del Gobierno

El Gobierno encabezado por Sebas – tián Piñera ha planteado una serie de propuestas en las que no se han recogido las principales demandas estudiantiles.

Pese a que ambas partes se declaran abiertas al diálogo, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, rechazó las cuatro garantías mínimas que los estudiantes pedían como condicionante para iniciar una mesa de trabajo. Estas garantías consistían en postergar el plazo estipulado para la renovación de becas y créditos estatales –proceso que está estancado debido a la paralización indefinida de las clases–, y suspender la tramitación en el Parla – mento de los proyectos de ley relacionados con créditos en educación superior. La tercera condición buscaba garantizar la transparencia del proceso y, por último, los estudiantes exigían que se cancelara la entrega de recursos estatales a instituciones que se lucran con la educación, pese a que está prohibido por ley.

Ante la negativa del Ejecutivo, los estudiantes anunciaron nuevas movilizaciones masivas. El 22 de septiembre se reunieron en Santiago 180.000 personas, movilización a la que se adhirieron también los trabajadores del cobre. Las manifestaciones se replicaron por todo el país.

La dura represión policial

La represión policial ha sido la estrategia del Gobierno ante este panorama. En días de paro nacional y movilización, como el 4, el 9, el 24 y el 25 de agosto, las ciudades han amanecido sitiadas por la policía, y la agresión a civiles ya cobró su primera víctima mortal. Se trata de Manuel Gutiérrez, un joven de 16 años que fue impactado en el pecho por una bala de Carabineros.

Chile es uno de los países con mayor inequidad en la distribución de la riqueza, y la privatización de su educación es de las más amplias del mundo. En el país sudamericano no existe educación superior pública, pues el Estado aporta menos del 15% de la financiación total a las pocas universidades estatales que sobreviven. Según la misma OCDE, para considerar que una institución es pública debe recibir al menos el 20% de su financiación del Estado.

Ante este panorama, la financiación de la educación proviene de los bolsillos de cada familia, que ante el alto costo de las universidades, sólo puede optar por el endeudamiento.

Desde 2005, con el Gobierno socialista de Ricardo Lagos, se aprobó la creación del Crédito con Aval del Estado (CAE), un sistema de crédito bancario por el que el Estado asume el rol de avalista, por lo que hay menos requisitos para acceder a él. Tras seis años de vigencia de CAE, el resultado ha sido una generación completa de jóvenes que a los 25 años ya tienen deudas de unos 15.000 euros de media.

Los pingüinos 2.0

Las movilizaciones de 2006 se conocieron como “La Revolución de los pingüinos”. Esta denominación tiene su razón de ser en el uniforme de los alumnos de los liceos. Fue bautizada como revolución por el fuerte movimiento estudiantil que levantaron los estudiantes secundarios, quienes exigían el fin de las leyes de educación instauradas en la dictadura de Pinochet. Ese año comenzó la mayor revuelta que Chile vivía desde la transición a la democracia en los ‘90, sin embargo, la salida del conflicto que ofreció la socialista Michelle Bachelet fue una mesa de trabajo que generó una nueva ley de educación, pero sin cambios sustanciales. Con ese aprendizaje, el movimiento de 2011 ha planteado que toda negociación con el Gobierno lo harán movilizados, sin bajar las tomas ni los paros.

El Gobierno de Piñera, el primero de derechas desde el derrocamiento de la dictadura de Pinochet, ha propuesto dos acuerdos para modificar el sistema educacional, no obstante, los estudiantes han considerado que ambas propuestas deso – yen sus demandas, y lo han expresado saliendo a las calles con aún más fuerza y masividad. Pese a las amenazas de perder los beneficios estatales, pese a la preocupación de las familias respecto a la incertidumbre del año escolar, y pese al hambre, el frío y el cansancio que implica mantener las muchas tomas de colegios y universidades durante meses, la convicción de los jóvenes sigue en alto con lienzos que versan consignas como “perder un año para ganar una vida, no nos bajamos hasta la educación gratuita”.

 

Publicado en Periódico Diagonal, Madrid.

OCUPACIONES EN TODAS LAS FACULTADES Y COLEGIOS DE CHILE POR UNA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO

Estudiantes chilenos toman la universidad

 

El movimiento estudiantil agudiza su protesta ocupando pacíficamente universidades y colegios, muchos otros se encuentran en paro indefinido desde hace semanas. Los estudiantes rechazan los altos niveles de privatización, el lucro en la educación, y el financiamiento universitario a través de créditos bancarios.
NATALIA SÁNCHEZ MELLA / SANTIAGO DE CHILE
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Encierro de estudiantes en Chile. Foto: David Von Blohn.

La Casa Central de la Universidad de Chile fue ocupada ayer por cerca de 500 estudiantes que venían de una manifestación pacíficapor las calles de la capital. La sede de la casa de estudios es estratégica por su céntrica ubicación, a sólo algunos metros del palacio de gobierno. Las acciones de ocupación se enmarcan en una serie de protestas masivas que se han realizado a lo largo del año por el movimiento estudiantil con decenas de miles de asistentes en ciudades como Santiago, Valparaíso y Concepción.

Las paralizaciones llevan más de una semana, y en algunos casos, como en la Universidad de La Serena, ya cumplen un mes en toma. Los estudiantes de liceos y universidades en toma transmiten en vivo desde las redes sociales para romper el silencio de los medios de comunicación con sus demandas, y a la vez demostrar que sus ocupaciones son organizadas y pacíficas.

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Pancartas en la univerdsidad de Chile. Foto: David Von Blohn.

Contra al privatización Los jóvenes exigen una reforma al sistema educativo que acabe con el lucro, frene la privatización de la enseñanza con un aporte estatal efectivo y que se construya con la participación de todos los actores sociales. La Universidad de Chile es la que recibe mayor aporte del Estado, y este no alcanza siquiera el 15%, en otras es tan solo del 4%, el resto es cubierto por los altos pagos que asumen los estudiantes y sus familias, que se endeudan por décadas con créditos bancarios. “La educación de mercado”,como la llaman, fue instaurada en la dictadura de Augusto Pinochet, y perpetuada durante los gobiernos de la Concertación –coalición de centro izquierda-.

El actual Gobierno de Sebastián Piñera ha anunciado una reforma que profundiza este modelo. Joaquín Lavín, ministro de Educación, ha señalado que estas movilizaciones son llevadas a cabo por “minorías modernas” y ha limitado el diálogo a temas de financiamiento, y no a políticas concretas.

Publicado en Periódico Diagonal, Madrid.

Carabinero a caballo golpea en la cabeza a estudiante

El 9 de agosto la capital presenció una nueva marcha multitudinaria en que la columna de personas parecía nunca acabar. Mayoritariamente estudiantes, pero también profesores, sindicatos de trabajadores y simplemente familias volvieron a hacerse presentes para demostrar su rechazo a un Gobierno con oídos sordos a las demandas estudiantiles y sociales en general.

Las cifras de la convocatoria siempre son contradictorias y muchas veces confusas, los organizadores estiman que 150 mil personas asistieron a la convocatoria del soleado martes. Sin embargo, una nueva cifra debería hacerse presente en los medios de comunicación, porque más allá de los detenidos que tanto encanta enumerar, los heridos producto de la violenta represión policial han comenzado a acumularse en los centros de salud. Álvaro Grunert Villegas (24 años), estudiante de cine, fue una de aquellas víctimas.

Cerca de las 15 horas, una estudiante universitaria y un escolar ingresaban a un joven con un tec* abierto en la cabeza en la urgencia de la Posta Central de Santiago, en avenida Portugal. Una camioneta de un anónimo amable los había trasladado desde la intersección de avenida San Diego con el Parque Almagro, donde había sido agredido. “Un paco a caballo me pegó un palo en la espalda y luego otro en la cabeza. Primero sentí el golpe pero no pensé que me hubiera pasado nada, luego comenzó a brotar mucha sangre. Perdí sangre al menos dos minutos hasta que la gente se percató a ayudarme”, señala Álvaro, las manchas de sangre en su ropa, cuello, brazos y manos daba cuenta de aquello.

Álvaro Grunert no era el único herido que había llegado hasta las instalaciones de Portugal, un estudiante universitario presentaba una herida en su frente tras haber recibido el impacto de una bomba lacrimógena en la cara. Otro estudiante tenía diversas contusiones en su cuerpo porque un caballo de Carabineros le había pasado por encima, un escolar de 15 años cubría con gasas, que se empapaban rápidamente, dos perforaciones en su cabeza. “Me llegó un piedrazo súper fuerte, no sabría decir quién lanzó las piedras, pero parece que estaban filosas porque se me enterraron en la cabeza”, señalaba el menor de edad que se encontraba sin la compañía de un adulto o familiar.

Transcurridas tres horas desde su ingreso, Álvaro aún no recibía atención médica por lo que decidió trasladarse a otro centro de salud. Dada la cercanía, el joven se dirigió a la urgencia de la Clínica de la Universidad Católica, en calle Marcoleta, donde le informaron que no atendían Fonasa, por lo tanto la consulta le costaba 30 mil pesos, la sutura otros 30 mil pesos y el escáner unos 180 mil pesos. A falta de 240 mil pesos, el joven aún ensangrentado y con el tec abierto decidió trasladarse al Hospital del Salvador donde fue atendido pasadas las 18 horas. Dos puntos de sutura y una impotencia tremenda fue el saldo que Álvaro Grunet pagó por asistir a una manifestación por una educación pública, gratuita y de calidad para todos en su país.

Atrás, en la Posta Central y en el resto de centros asistenciales, quedaron las otras víctimas anónimas, sin abogados que pudieran asistirlos en la constatación de lesiones y sin medios de comunicación que denunciaran sus heridas producto de la desmedida violencia policial.

Por Natalia Sánchez Mella

Estudiante de Periodismo de la Universidad de Chile

Video: Estudiante denuncia sus heridas para romper con la impunidad del actuar policial.

La despedida de la Plaza del Sol


Una crisis con más de 4 millones de cesantes llamó a los españoles a decir ¡Basta! Por casi un mes acamparon en la Puerta del Sol en Madrid y en varias otras ciudades. La prensa los llamó los indignados y el mundo conoció la gesta como el 15M. La protesta contra las políticas neoliberales en la Unión Europea  se esparció por otros países. Si bien este lunes terminó la ocupación, para el próximo 19 de Junio está llamada a la primera protesta global de los indignados.

El 15 de mayo miles de españoles se volcaron a las calles de distintas ciudades en la protesta citada por el grupo Democracia Real Ya. Bajo el llamado de “Toma la Calle”, el manifiesto de DRY circulaba por internet ya desde el 7 de marzo. Los gritos de “no nos representan”, “lo llaman democracia y no lo es” o “esta crisis no la pagamos” desbordan el ambiente de descontento de los asistentes, y de una Puerta del Sol que no daba abasto para tanto indignado.

Esa misma tarde, un grupo de 300 manifestantes decidió quedarse en la plaza, la noticia de su desalojo por parte de la policía se respondió con más acampadas en 30 ciudades. Así  se inició la #spanishrevolution y el llamado se transformó en “Toma la Plaza”.

El naciente movimiento 15M se define a sí mismo como “personas que decidimos reunirnos para seguir reivindicando la dignidad y la conciencia política y social”. Se declaran apartidistas y se organizan de manera asamblearia, horizontal y pacífica para lograr una “sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos”.

LA POLÍTICA DE LOS CONSENSOS

Pablo (21), portavoz del 15M en Madrid explica que “la gente en lo que está teniendo consenso es en los fallos del sistema. Prima más el capital que la persona, lo estamos viviendo con los desahucios, con los desorbitados salarios de los políticos o de los futbolistas. Lo que buscamos es que la democracia y las personas prevalezcan sobre el sistema financiero y los empresarios”.

Los ‘indignados’ tienen claridad respecto de lo que quieren cambiar, sin embargo, el cómo o el porqué reemplazarlo se ve más difuso. Las actas públicas difundidas en el sitio madrid.tomalaplaza.net reflejan un consenso de mínimos cuatro puntos que surgió de la comisión de políticas a corto plazo: Reforma electoral, lucha contra la corrupción, separación efectiva de los poderes (legislativo, judicial y ejecutivo) y mecanismos de control ciudadano hacia los políticos. Todo lo demás se encuentra aún en gestación.

En la acampada de Sol el sistema de decisión es el consenso absoluto por sobre las mayorías. Esto implica que cada propuesta debe ser aprobada en asamblea por unanimidad, y en caso de haber disensos el tema se vuelve a someter a discusión.

El profesor de ciencias políticas Carlos Taibo escribe en una columna publicada en medios alternativos que “algunas de las consecuencias imprevistas, no precisamente saludables, del procedimiento de decisión que se está aplicando en tantos lugares: Un método que, al desterrar el voto en provecho del consenso, permite prescindir, sin más, de un sinfín de propuestas que gozan de un amplísimo respaldo entre quienes las debaten. Al final, y de resultas, sólo salen adelante aquellas iniciativas que, por lógica, no suscitan controversia alguna.”
Pese a la falta de consistencia que ven algunos en el movimiento de las acampadas, el diario El País publicó recientemente una encuesta que sostiene que el 81% de los españoles está de acuerdo con el 15M y piensa que los indignados tienen razón. Este amplio respaldo responde, además de un diagnóstico compartido, al impacto que ha producido en la sociedad española su nivel de organización, su capacidad comunicativa y el uso de las redes sociales.

El campamento de Sol se convirtió en una verdadera ciudad autónoma. Las múltiples comisiones –comunicación, información, extensión, legal, propuestas, etc.- y los grupos de trabajo –política, feminismo, social y migración, medio ambiente, educación y cultura, economía, entre otros- se organizan de forma autónoma en asambleas, y sus propuestas se someten a la aprobación de la asamblea general que se realiza cada día a las 20:00 horas. Cada asamblea, como su respectiva acta, puede seguirse por internet. Para estas reuniones se elaboró un protocolo de dinamización que fija roles y lenguaje de señas para aprobar o rechazar una propuesta, con el fin de agilizar.

DE LAS PLAZAS A LOS BARRIOS, Y DE REGRESO A LAS CALLES

El revuelo internacional que ha causado el movimiento 15M, y las múltiples réplicas y muestras de apoyo en todo el mundo, demuestran la trascendencia de la #spanishrevolution. No ha sido el calor, ni las fuertes lluvias, ni la prohibición de la Junta Electoral, ni los intentos y amenazas de desalojo, sino los problemas naturales de convivencia y la necesidad de dar un paso hacia adelante lo que ha instalado la discusión de retirar los campamentos. La acampada de Barcelona en plaza Cataluña ya decidió suspender la actividad nocturna, pero con la certeza de que continuarán organizados y celebrando asambleas en los espacios públicos.

En Madrid, el giro comenzó a darse el 28 de mayo, cuando se convocó a asambleas populares en todos los barrios y pueblos de alrededor. Las asambleas de barrio han continuado reuniéndose semanalmente y replicando la organización interna de comisiones.

“Esto es algo por y para la ciudadanía y todas las personas que conforman la sociedad viven en los barrios. El hecho de trasladar esto a los barrios demuestra el continuismo”, afirma Pablo. Belén, de la comisión de barrios, concuerda con él, “los barrios son el relevo, tenemos que entregarles la posta. La idea es establecer la Asamblea Popular de Madrid”.

La acampada de Sol decidió irse de la plaza el domingo 12 de junio, pero se hizo una funa en la investidura de los cargos municipales el 11 del mismo mes, y una manifestación masiva de carácter internacional para el día 19. Las fechas dirán cuánta fuerza puede seguir demostrando el 15M de los españoles.

LA ACAMPADA DE SOL EN CIFRAS

-Abarcó más de 600 metros cuadrados.

-Integró 46 puestos de comisiones, grupos de trabajo y lugares comunes.

-La biblioteca albergó más de 1.000 libros donados.

-La guardería recibió al menos 30 niños al día.

2 comedores ofrecieron agua y alimento de forma permanente y gratuita.

-Se llegó a más de 1.500 personas durmiendo en la plaza, en momentos álgidos.

-Los voluntarios fluctuaron constantemente, pero se estimó un piso de 300.

 

Texto y fotos 2 y 3Natalia Sánchez Mella

Fotos 1 y 4: Diego González

El Ciudadano

Tú sabes donde estás según lo que se come, y la verdad estoy harta de los bocadillos. España, les tengo una noticia; el pan engorda un montón.

Cuando me encuentro con un compatriota, un chileno, si lleva mucho tiempo viviendo en Madrid siempre llega el momento en que me dice: ¿Sabías que en Lavapiés venden empanadas chilenas? Y como yo no lo sabía, pues natural, lo busqué en internet.

Empanada de pino

Escribo “empanadas chilenas Lavapiés” y ahí está, El Obrador de Rosi, en el primer resultado de búsqueda. Leo algo sobre la historia de Rosi, que lleva mucho tiempo en Madrid, que hace pedidos a domicilio, que hace pedidos muy grandes, en fin, que vende muchas empanadas.

Cuando sales del metro Lavapiés, estás realmente muy cerca de la pastelería de Rosi. La escalera de la única salida del metro te deja justo en la dirección equivocada, pero si giras a la derecha y subes levemente la mirada verás un letrero que versa “Calle de Argumosa“. Según el mapa de internet, estoy cerca de Rosi.

Cruzo a la acera contraria, donde están estacionadas las motos de mucha gente. Los estacionamientos en Madrid son todo un tema, pero no el de esta crónica. Sigo por Argumosa a paso firme, abriéndome camino entre las mesas de las terrazas donde gente de todos los tonos de piel y en diversidad de idiomas beben jugos, cervezas y helados. Las terrazas están todas llenas, y por la acera de enfrente lo mismo, y luego dicen que este país está en crisis. Me pregunto si Rosi venderá menos empanadas en estos tiempos.

Cuando de pronto se acaban las mesas con conversaciones alegres y los vestidos de fiesta se toman los escaparates de las tiendas, sabes que estás llegando a la Calle de la Sombrerería, donde Rosi aguarda con esas empanadas de pino al horno.

¿Quién le pondrá los nombres a las calles? Aquí de sombrererías, nada. Más bien una mueblería y luego sólo pisos de vecinos, y allí, a mitad de cuadra, justo bajo la tercera farola del alumbrado público, está el pequeño letrero de rojo oscuro y letras blancas donde se lee “Pastelería Obrador de Rosi, empanadas”.

Mientras más cerca estoy de Rosi, más evidente es la diferencia entre Calle de la Sombrerería y Calle de Argumosa. No hay mesas ni gente, y lo que más se oye es el trinar de algún pajarito de jaula que seguro que a los vecinos los vuelve locos.

Rosi definitivamente es una chilena de tomo y lomo, porque afuera de su pequeña pastelería ha tenido la osadía de ofrecer pastel de choclo, y aquí los nativos simplemente lo llaman maíz. ¿Cuántos españoles habrán probado el pastel de choclo? Me muero por preguntárselo a Rosi, pero no se va a poder.

Si algo aprendí de Rosi en este día, es que Rosi es una mujer que cierra su negocio antes de las ocho de la tarde.

**Texto escrito en el Taller de Periodismo 2011, del Periódico Diagonal.

LAS VICTIMAS REVELAN MÁS DE 50 AÑOS DE ABUSO ENCUBIERTO POR LA INSTITUCIÓN

CASO KARADIMA: CHILE DESTAPA OTRA HISTORIA DE ABUSO SEXUAL DE MENORES POR MIEMBROS DE LA IGLESIA CATÓLICA

El sacerdote diocesano Fernando Karadima Fariña fue condenado por el Vaticano como culpable del delito de abuso sexual y sicológico de menores el pasado mes de enero. El ex párroco de 80 años fue formador de más de cincuenta sacerdotes, entre ellos cinco obispos de la actual jerarquía eclesiástica que son, a su vez, acusados de encubrimiento por parte de las víctimas.

NATALIA SÁNCHEZ MELLA / SANTIAGO DE CHILE

Fernando Karadima oficiando misa.

En abril del año 2010, el ex párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de El Bosque, una de las más influyentes de la capital chilena en la década de los 80’, fue acusado de abuso sexual y sicológico por el médico James Hamilton, el periodista Juan Carlos Cruz, el filósofo José Andrés Murillo y el abogado Fernando Batlle. Todos ex miembros de Acción Católica, entidad de actividades pastorales que encabezaba Karadima, al que acusan de tocaciones en los genitales y otro tipo de actos sexuales. El sacerdote oficiaba como su confesor y director espiritual en los años 90’ en la Iglesia de El Bosque, de esa forma lograba “controlar sus mentes”, afirman.

El fallo del Vaticano a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe pudo establecer la culpabilidad de Karadima tras ocho meses de investigación y condenó al sacerdote a “vida de retiro, penitencia y oración”. La justicia chilena ha resulto reabrir la investigación del caso el pasado 15 de febrero, tras haber sobreseído la causa en diciembre de 2010 sin determinar culpabilidades. El Servicio Médico Legal declaró al sacerdote como imputable tras varias pericias sicológicas. La ministra en visita que lleva el caso, Jessica González, interrogó personalmente a Karadima durante tres horas y confirmó que será sometido a careos con las víctimas.

Los vínculos del padre Karadima

Muchos de los feligreses de la Iglesia de El Bosque pertenecen a familias importantes ligadas a políticos de la derecha y al poder empresarial. Entre ellos figura el alcalde Manuel José Ossandón, vicepresidente de Renovación Nacional  -partido del Presidente Sebastián Piñera-, y Patricia y Eliodoro Matte, una de las familias más poderosas e influyentes del país. Patricia Matte preside la Sociedad de Instrucción Primara que posee una red de colegios, y Eliodoro Matte es presidente de las empresas CMPC, multinacional de la industria forestal y papelera. Este último, según revela la revista Qué Pasa, es uno de los siete empresarios que financió la defensa de Karadima, además, Eliodoro Matte sostuvo una reunión con el Fiscal Nacional Sabas Chaúan, para manifestarle su “preocupación por el padre Karadima” y solicitarle una “investigación rápida”.

La influencia del sacerdote en la derecha conservadora nacional es patente a la hora de ver quiénes lo representan. El abogado defensor de Karadima ante el Tribunal Eclesiástico, Juan Pablo Bulnes Cerda es hermano de Juan Luís Bulnes Cerca, condenado como uno de los autores del asesinato del General Schneider, ex comandante en jefe del Ejército, ocurrido en 1970 tras ser electo presidente Salvador Allende.  El periódico electrónico El Mostrador, cita un informe de la DINA, servicio de inteligencia durante la dictadura de Augusto Pinochet, en el que se afirma que Juan Luís Bulnes frecuentaba la parroquia de El Bosque junto a otros de los autores del asesinato y junto al propio Jaime Guzmán, fundador del partido Unión Demócrata Independiente de la coalición gobernante.

A la defensa de Karadima se han sumado recientemente los abogados Luís Arévalo y Luís Ortíz Quiroga, quienes ya habían defendido a otro párroco acusado de abuso sexual de menores, José Andrés Aguirre –conocido como el “cura Tato”-, que fue declarado culpable de abusos deshonestos reiterados y estupro a diez menores de edad, condenado a 12 años de cárcel.

El padre de James Hamilton, abogado del mismo nombre, sufrió un inesperado robo en su oficina, donde además de dinero sustrajeron pendrives y archivos, el afectado sospecha que buscaban información “pero no había nada de interés”. Actualmente se investiga si el incidente tendría relación con el caso.

El silencio de la iglesia

Fernando Karadima guió a muchos jóvenes hacia la vocación sacerdotal y formó a cerca de cincuenta curas, entre ellos a cinco obispos de la actual jerarquía eclesiástica: Andrés Arteaga, Juan Barros, Tomislav Koljatic y Horacio Valenzuela. Los mencionados obispos fueron fieles defensores de la inocencia del sacerdote al hacerse públicas las acusaciones de abuso, sin embargo, tras conocer el fallo del Vaticano emitieron un comunicado reconociendo la veracidad de los hechos. En las declaraciones de James Hamilton, denunciante y víctima de Karadima, sostiene que los obispos “estuvieron presentes, veían las mismas cosas, los besos y los toqueteos”.

Hamilton había denunciado estos actos ante el Arzobispado de Santiago en el año 2004 –a cargo del Cardenal Francisco Javier Errázuriz en ese entonces-, sin embargo, sostiene que se negaron a investigar manteniendo a las víctimas “en vilo durante cinco años”, tiempo en que  prescribieron los delitos civiles del sacerdote. Hamilton calificó a Errázuriz de “encubridor criminal” en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión por no haber tomado medidas en aquel momento.

La Conferencia Episcopal chilena, en la voz del Arzobispo de Santiago monseñor Ricardo Ezzati, se ha reunido con las víctimas para manifestarle su pesar y ha declarado públicamente que tomarán medidas para ser más rigurosos en la formación sacerdotal.

 

Publicado en Periódico Diagonal

CHILE | PIDEN CADENA PERPETUA PARA DOS ACUSADOS

“Hay un montaje característico del sistema chileno”

11 de los 15 imputados del llamado “Caso Bombas” mantienen una huelga de hambre de dos meses y llevan cerca de ocho meses encarcelados.
NATALIA SÁNCHEZ MELLA / MADRID

Foto: Felipe García

La Fiscalía chilena pide cadena perpetua para los dos supuestos líderes, Pablo Morales y Rodolfo Retamales, y penas de entre 10 y 20 años para el resto de imputados del “caso bombas”. La Fiscalía presenta casi 7.000 pruebas y unos 800 testigos, que para los abogados defensores “carecen de validez jurídica”. Desde 2006, “los imputados conformaban una asociación con el objeto de atentar contra el orden social establecido, las personas y la propiedad pública y privada, según la denuncia presentada”, según el informe fiscal. “Para ello han perpetrado delitos de carácter terrorista, especialmente los crímenes de colocación de artefactos explosivos e incendiarios”, se afirma en dicho informe fiscal.

Alberto Espinoza, uno de los abogados defensores, declaró a Radio Universidad de Chile que las pruebas de la Fiscalía son “repetidas e inauditas”, y puso como ejemplo unas tarjetas de transporte público, colillas de cigarro sin peritaje y juegos de llaves. “Una misma cuenta del Banco Estado está cuatro veces dentro del listado. Un mismo certificado universitario está tres veces. Igual ocurre con material fotográfico. En todo este tiempo, no se ha incautado ni una sola arma de fuego, base para configurar delitos terroristas”, sostuvo. El 95% de las de las evidencias presentadas serían libros, periódicos, posters, comunicados y afiches de actos sociales e, incluso, una bolsa con pasas, según Mauricio Daza, abogado defensor de Morales.

La salida de Alejandro Peña


La figura del ex fiscal Alejandro Peña es otro de los puntos dudosos del “caso bombas”. Su llegada a la causa se atribuye a presiones del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. “Ese fiscal ahora está al servicio de Interior, como estuvo desde principios de la investigación. Su designación fue tras una conversación entre Sabas Chahuán –fiscal nacional– y el ministro Hinzpeter. Que se haya ido a trabajar a esa secretaría de Estado no es sorprendente”, denunció Espinoza. Antes la causa estaba a cargo del fiscal Armendáriz, quien no logró establecer culpabilidades en dos años. Peña, en dos meses ha incriminado a 15 personas.

Para el abogado Daza, en una entrevista de CNN Chile, lo más lamentable es que Peña no haga frente a las acusaciones que levantó. “Creo que el fiscal Peña quiere arrancar de esta causa. Él lo que ha hecho es tirar la piedra y salirse del escenario. Él debería defender su acusación”.

Los imputados han permanecido recluidos en celdas de máxima seguridad de seis metros cuadrados, con visitas restringidas de una hora semanal, y aislados 22 horas diarias. A mediados de abril lograron ser trasladados a otro módulo, donde su aislamiento se redujo en una hora. Tras dos meses de huelga de hambre, han perdido entre 8 y 10 kilos y su salud está muy deteriorada.

“Un montaje político”


Verónica Garín, familiar de uno de los detenidos, declaró en El Ciudadano, que “es un montaje con ribetes políticos. Algunos de ellos tienen un pasado lautarino [en referencia a la organización armada Movimiento Lautaro] y por eso se los condena. Tengo las sospechas de que las penas tan altas las puedan usar de canje para los condenados por violaciones a los derechos humanos”.

“Aquí hay un montaje que es la característica de un sistema. Se aplica la Ley Antiterrorista, para tratar de comunicar que lo único que importa es combatir a los criminales. La criminalización provoca miedo y este Gobierno quiere pretender que ese es el único problema”, indica el secretario europeo de la Comisión Ética contra la Tortura, José Venturelli. Venturelli recalca, que mantener en prisión por tanto tiempo a un grupo de personas que no han sido condenadas, atenta en contra de toda disposición internacional de protección a los DD HH y que también configura un tipo de tortura.

Publicado en Periódico Diagonal