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Archive for 22 mayo 2011

Tú sabes donde estás según lo que se come, y la verdad estoy harta de los bocadillos. España, les tengo una noticia; el pan engorda un montón.

Cuando me encuentro con un compatriota, un chileno, si lleva mucho tiempo viviendo en Madrid siempre llega el momento en que me dice: ¿Sabías que en Lavapiés venden empanadas chilenas? Y como yo no lo sabía, pues natural, lo busqué en internet.

Empanada de pino

Escribo “empanadas chilenas Lavapiés” y ahí está, El Obrador de Rosi, en el primer resultado de búsqueda. Leo algo sobre la historia de Rosi, que lleva mucho tiempo en Madrid, que hace pedidos a domicilio, que hace pedidos muy grandes, en fin, que vende muchas empanadas.

Cuando sales del metro Lavapiés, estás realmente muy cerca de la pastelería de Rosi. La escalera de la única salida del metro te deja justo en la dirección equivocada, pero si giras a la derecha y subes levemente la mirada verás un letrero que versa “Calle de Argumosa“. Según el mapa de internet, estoy cerca de Rosi.

Cruzo a la acera contraria, donde están estacionadas las motos de mucha gente. Los estacionamientos en Madrid son todo un tema, pero no el de esta crónica. Sigo por Argumosa a paso firme, abriéndome camino entre las mesas de las terrazas donde gente de todos los tonos de piel y en diversidad de idiomas beben jugos, cervezas y helados. Las terrazas están todas llenas, y por la acera de enfrente lo mismo, y luego dicen que este país está en crisis. Me pregunto si Rosi venderá menos empanadas en estos tiempos.

Cuando de pronto se acaban las mesas con conversaciones alegres y los vestidos de fiesta se toman los escaparates de las tiendas, sabes que estás llegando a la Calle de la Sombrerería, donde Rosi aguarda con esas empanadas de pino al horno.

¿Quién le pondrá los nombres a las calles? Aquí de sombrererías, nada. Más bien una mueblería y luego sólo pisos de vecinos, y allí, a mitad de cuadra, justo bajo la tercera farola del alumbrado público, está el pequeño letrero de rojo oscuro y letras blancas donde se lee “Pastelería Obrador de Rosi, empanadas”.

Mientras más cerca estoy de Rosi, más evidente es la diferencia entre Calle de la Sombrerería y Calle de Argumosa. No hay mesas ni gente, y lo que más se oye es el trinar de algún pajarito de jaula que seguro que a los vecinos los vuelve locos.

Rosi definitivamente es una chilena de tomo y lomo, porque afuera de su pequeña pastelería ha tenido la osadía de ofrecer pastel de choclo, y aquí los nativos simplemente lo llaman maíz. ¿Cuántos españoles habrán probado el pastel de choclo? Me muero por preguntárselo a Rosi, pero no se va a poder.

Si algo aprendí de Rosi en este día, es que Rosi es una mujer que cierra su negocio antes de las ocho de la tarde.

**Texto escrito en el Taller de Periodismo 2011, del Periódico Diagonal.

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LAS VICTIMAS REVELAN MÁS DE 50 AÑOS DE ABUSO ENCUBIERTO POR LA INSTITUCIÓN

CASO KARADIMA: CHILE DESTAPA OTRA HISTORIA DE ABUSO SEXUAL DE MENORES POR MIEMBROS DE LA IGLESIA CATÓLICA

El sacerdote diocesano Fernando Karadima Fariña fue condenado por el Vaticano como culpable del delito de abuso sexual y sicológico de menores el pasado mes de enero. El ex párroco de 80 años fue formador de más de cincuenta sacerdotes, entre ellos cinco obispos de la actual jerarquía eclesiástica que son, a su vez, acusados de encubrimiento por parte de las víctimas.

NATALIA SÁNCHEZ MELLA / SANTIAGO DE CHILE

Fernando Karadima oficiando misa.

En abril del año 2010, el ex párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de El Bosque, una de las más influyentes de la capital chilena en la década de los 80’, fue acusado de abuso sexual y sicológico por el médico James Hamilton, el periodista Juan Carlos Cruz, el filósofo José Andrés Murillo y el abogado Fernando Batlle. Todos ex miembros de Acción Católica, entidad de actividades pastorales que encabezaba Karadima, al que acusan de tocaciones en los genitales y otro tipo de actos sexuales. El sacerdote oficiaba como su confesor y director espiritual en los años 90’ en la Iglesia de El Bosque, de esa forma lograba “controlar sus mentes”, afirman.

El fallo del Vaticano a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe pudo establecer la culpabilidad de Karadima tras ocho meses de investigación y condenó al sacerdote a “vida de retiro, penitencia y oración”. La justicia chilena ha resulto reabrir la investigación del caso el pasado 15 de febrero, tras haber sobreseído la causa en diciembre de 2010 sin determinar culpabilidades. El Servicio Médico Legal declaró al sacerdote como imputable tras varias pericias sicológicas. La ministra en visita que lleva el caso, Jessica González, interrogó personalmente a Karadima durante tres horas y confirmó que será sometido a careos con las víctimas.

Los vínculos del padre Karadima

Muchos de los feligreses de la Iglesia de El Bosque pertenecen a familias importantes ligadas a políticos de la derecha y al poder empresarial. Entre ellos figura el alcalde Manuel José Ossandón, vicepresidente de Renovación Nacional  -partido del Presidente Sebastián Piñera-, y Patricia y Eliodoro Matte, una de las familias más poderosas e influyentes del país. Patricia Matte preside la Sociedad de Instrucción Primara que posee una red de colegios, y Eliodoro Matte es presidente de las empresas CMPC, multinacional de la industria forestal y papelera. Este último, según revela la revista Qué Pasa, es uno de los siete empresarios que financió la defensa de Karadima, además, Eliodoro Matte sostuvo una reunión con el Fiscal Nacional Sabas Chaúan, para manifestarle su “preocupación por el padre Karadima” y solicitarle una “investigación rápida”.

La influencia del sacerdote en la derecha conservadora nacional es patente a la hora de ver quiénes lo representan. El abogado defensor de Karadima ante el Tribunal Eclesiástico, Juan Pablo Bulnes Cerda es hermano de Juan Luís Bulnes Cerca, condenado como uno de los autores del asesinato del General Schneider, ex comandante en jefe del Ejército, ocurrido en 1970 tras ser electo presidente Salvador Allende.  El periódico electrónico El Mostrador, cita un informe de la DINA, servicio de inteligencia durante la dictadura de Augusto Pinochet, en el que se afirma que Juan Luís Bulnes frecuentaba la parroquia de El Bosque junto a otros de los autores del asesinato y junto al propio Jaime Guzmán, fundador del partido Unión Demócrata Independiente de la coalición gobernante.

A la defensa de Karadima se han sumado recientemente los abogados Luís Arévalo y Luís Ortíz Quiroga, quienes ya habían defendido a otro párroco acusado de abuso sexual de menores, José Andrés Aguirre –conocido como el “cura Tato”-, que fue declarado culpable de abusos deshonestos reiterados y estupro a diez menores de edad, condenado a 12 años de cárcel.

El padre de James Hamilton, abogado del mismo nombre, sufrió un inesperado robo en su oficina, donde además de dinero sustrajeron pendrives y archivos, el afectado sospecha que buscaban información “pero no había nada de interés”. Actualmente se investiga si el incidente tendría relación con el caso.

El silencio de la iglesia

Fernando Karadima guió a muchos jóvenes hacia la vocación sacerdotal y formó a cerca de cincuenta curas, entre ellos a cinco obispos de la actual jerarquía eclesiástica: Andrés Arteaga, Juan Barros, Tomislav Koljatic y Horacio Valenzuela. Los mencionados obispos fueron fieles defensores de la inocencia del sacerdote al hacerse públicas las acusaciones de abuso, sin embargo, tras conocer el fallo del Vaticano emitieron un comunicado reconociendo la veracidad de los hechos. En las declaraciones de James Hamilton, denunciante y víctima de Karadima, sostiene que los obispos “estuvieron presentes, veían las mismas cosas, los besos y los toqueteos”.

Hamilton había denunciado estos actos ante el Arzobispado de Santiago en el año 2004 –a cargo del Cardenal Francisco Javier Errázuriz en ese entonces-, sin embargo, sostiene que se negaron a investigar manteniendo a las víctimas “en vilo durante cinco años”, tiempo en que  prescribieron los delitos civiles del sacerdote. Hamilton calificó a Errázuriz de “encubridor criminal” en el programa Tolerancia Cero de Chilevisión por no haber tomado medidas en aquel momento.

La Conferencia Episcopal chilena, en la voz del Arzobispo de Santiago monseñor Ricardo Ezzati, se ha reunido con las víctimas para manifestarle su pesar y ha declarado públicamente que tomarán medidas para ser más rigurosos en la formación sacerdotal.

 

Publicado en Periódico Diagonal

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CHILE | PIDEN CADENA PERPETUA PARA DOS ACUSADOS

“Hay un montaje característico del sistema chileno”

11 de los 15 imputados del llamado “Caso Bombas” mantienen una huelga de hambre de dos meses y llevan cerca de ocho meses encarcelados.
NATALIA SÁNCHEZ MELLA / MADRID

Foto: Felipe García

La Fiscalía chilena pide cadena perpetua para los dos supuestos líderes, Pablo Morales y Rodolfo Retamales, y penas de entre 10 y 20 años para el resto de imputados del “caso bombas”. La Fiscalía presenta casi 7.000 pruebas y unos 800 testigos, que para los abogados defensores “carecen de validez jurídica”. Desde 2006, “los imputados conformaban una asociación con el objeto de atentar contra el orden social establecido, las personas y la propiedad pública y privada, según la denuncia presentada”, según el informe fiscal. “Para ello han perpetrado delitos de carácter terrorista, especialmente los crímenes de colocación de artefactos explosivos e incendiarios”, se afirma en dicho informe fiscal.

Alberto Espinoza, uno de los abogados defensores, declaró a Radio Universidad de Chile que las pruebas de la Fiscalía son “repetidas e inauditas”, y puso como ejemplo unas tarjetas de transporte público, colillas de cigarro sin peritaje y juegos de llaves. “Una misma cuenta del Banco Estado está cuatro veces dentro del listado. Un mismo certificado universitario está tres veces. Igual ocurre con material fotográfico. En todo este tiempo, no se ha incautado ni una sola arma de fuego, base para configurar delitos terroristas”, sostuvo. El 95% de las de las evidencias presentadas serían libros, periódicos, posters, comunicados y afiches de actos sociales e, incluso, una bolsa con pasas, según Mauricio Daza, abogado defensor de Morales.

La salida de Alejandro Peña


La figura del ex fiscal Alejandro Peña es otro de los puntos dudosos del “caso bombas”. Su llegada a la causa se atribuye a presiones del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. “Ese fiscal ahora está al servicio de Interior, como estuvo desde principios de la investigación. Su designación fue tras una conversación entre Sabas Chahuán –fiscal nacional– y el ministro Hinzpeter. Que se haya ido a trabajar a esa secretaría de Estado no es sorprendente”, denunció Espinoza. Antes la causa estaba a cargo del fiscal Armendáriz, quien no logró establecer culpabilidades en dos años. Peña, en dos meses ha incriminado a 15 personas.

Para el abogado Daza, en una entrevista de CNN Chile, lo más lamentable es que Peña no haga frente a las acusaciones que levantó. “Creo que el fiscal Peña quiere arrancar de esta causa. Él lo que ha hecho es tirar la piedra y salirse del escenario. Él debería defender su acusación”.

Los imputados han permanecido recluidos en celdas de máxima seguridad de seis metros cuadrados, con visitas restringidas de una hora semanal, y aislados 22 horas diarias. A mediados de abril lograron ser trasladados a otro módulo, donde su aislamiento se redujo en una hora. Tras dos meses de huelga de hambre, han perdido entre 8 y 10 kilos y su salud está muy deteriorada.

“Un montaje político”


Verónica Garín, familiar de uno de los detenidos, declaró en El Ciudadano, que “es un montaje con ribetes políticos. Algunos de ellos tienen un pasado lautarino [en referencia a la organización armada Movimiento Lautaro] y por eso se los condena. Tengo las sospechas de que las penas tan altas las puedan usar de canje para los condenados por violaciones a los derechos humanos”.

“Aquí hay un montaje que es la característica de un sistema. Se aplica la Ley Antiterrorista, para tratar de comunicar que lo único que importa es combatir a los criminales. La criminalización provoca miedo y este Gobierno quiere pretender que ese es el único problema”, indica el secretario europeo de la Comisión Ética contra la Tortura, José Venturelli. Venturelli recalca, que mantener en prisión por tanto tiempo a un grupo de personas que no han sido condenadas, atenta en contra de toda disposición internacional de protección a los DD HH y que también configura un tipo de tortura.

Publicado en Periódico Diagonal

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